San Martín Texmelucan, Puebla – En un frente común sin precedentes, organizaciones nacionales, internacionales, universidades y periodistas han interpuesto diversos juicios de amparo ante juzgados federales de Puebla durante las primeras semanas de agosto, con el objetivo de impugnar la constitucionalidad del nuevo delito de «ciberasedio» tipificado en el Código Penal del Estado. La acción legal, liderada por un amplio grupo de defensores de derechos humanos y académicos, busca frenar una reforma que, argumentan, representa una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información en la entidad.
La interposición de estos amparos surge en respuesta a la adición del artículo 310 Bis al Código Penal del Estado de Puebla, impulsada por diputados de la LX Legislatura del Congreso local. De acuerdo con el boletín emitido por las organizaciones, el nuevo delito de ciberasedio podría ser utilizado para criminalizar la crítica y la denuncia pública, limitando el debate en el entorno digital y poniendo en riesgo el trabajo de periodistas, activistas y ciudadanos en general.
Entre los amparos presentados se encuentran los de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex A.C.), el Centro de Estudios de Periodismo de Investigación (CEPIC A.C.), la Asociación Internacional de Periodistas por la Paz (AIPP), así como académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Iberoamericana Puebla y el Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, entre otras instituciones y colectivos.
«La forma en que está redactada esta ley es tan ambigua que cualquier comentario crítico o de denuncia en redes sociales, que pueda ser considerado ‘molesto’ o ‘agresivo’ por una autoridad, podría ser motivo de una persecución penal», señalaron los amparistas en su comunicado.
Además, destacaron que el ciberasedio ya está contemplado y sancionado a nivel federal y en otras legislaciones estatales a través de distintas figuras legales, como el acoso o el daño moral. Sin embargo, la ley poblana es «desproporcionada» y «vaga», lo que vulnera el principio de legalidad y, peor aún, abre la puerta a la censura previa.
La acción legal busca que los tribunales federales analicen a profundidad la redacción del artículo 310 Bis y determinen si se apega a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo referente a la protección de la libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática.
Se espera que en los próximos días se sumen más organizaciones y actores sociales a esta defensa legal, en lo que ya se considera un hito en la lucha por la protección de las libertades civiles en el estado de Puebla.
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