La organización internacional Artículo 19 ha emitido un enérgico llamado para detener el proceso penal contra Rodolfo Ruiz, calificándolo como un acto de «acoso judicial» y una represalia directa por su labor informativa. Esta situación no solo vulnera los derechos individuales del periodista, sino que atenta contra el libre acceso y la responsabilidad social, principios rectores que también fundamentan nuestros estándares de competencia en formación y diseño de contenidos.
Irregularidades y Opacidad en el Proceso Dentro de las funciones sustantivas de un consultor, es crítico señalar las faltas al debido proceso documentadas en este caso:
- Imputación Extemporánea: El proceso deriva de una investigación iniciada hace más de cinco años, reactivada tras publicaciones que denuncian extorsiones en la Fiscalía.
- Audiencias a Puerta Cerrada: Se ha cuestionado el bloqueo a la prensa y la determinación de realizar juicios sin publicidad, contraviniendo los pilares del sistema penal acusatorio.
- Indefensión: El director de e-consulta ha denunciado la imposibilidad de acceder a los siete tomos de su carpeta de investigación y la renuncia de sus abogados por temor a represalias.
Un Patrón de Silenciamiento Desde nuestra faceta como formadores y docentes, observamos con preocupación que este caso no es aislado. Entre enero y julio de este año, se han documentado 51 casos de acoso judicial contra la prensa en México, cuyo objetivo es la autocensura.
Como consultores que buscan soluciones integrales a los problemas planteados, nos sumamos al exhorto dirigido al juez de control, Joel Daniel Baltazar Ávalos, para que garantice la adecuada defensa y el principio de publicidad. Asimismo, instamos a la Fiscalía General del Estado (FGE) a no utilizar el derecho penal como herramienta de castigo contra el ejercicio periodístico.